El debate sobre las reformas al Art铆culo 27 constitucional en los principales diarios y revistas nacionales tambi茅n comenz贸 poco despu茅s del Informe de Gobierno, aumentando al darse a conocer la iniciativa. Para algunos articulistas las reformas propuestas significaron el regreso al esquema agrario del porfiriato, para otros fueron el reconocimiento de un mundo que hab铆a cambiado.

Jaime Gonz谩lez Graf, por ejemplo, resumi贸 posiciones que posteriormente asumieron varios comentaristas, tanto los que apoyaron las reformas como los que se opon铆an. Se帽al贸 que “la modernizaci贸n el campo es un imperativo. Significa aumentar la producci贸n y la productividad, mejorar los niveles de vida de la poblaci贸n rural, garantizar el abasto alimentario y de materias primas. revertir la descapitalizaci贸n end茅mica del sector agropecuario, combatir los fen贸menos indeseabels del minufundismo y la simulaci贸n, y otorgar plena certidumbre jur铆dica a todos los participantes en el campo, al margen de su forma de propiedad, tanto para la tenencia de la tierra como para las formas de su asociaci贸n para la producci贸n”. Y a帽adi贸: “La soluci贸n a los problemas del campo en M茅xico no est谩 ya en la reforma de la propiedad. Se encuentra en la posibilidad de reconfigurar unidades productivas reconcentrando la tierra independientemente de su propiedad, a trav茅s de sistemas de organizaci贸n y colaboraci贸n entre el capital y los campesinos, sean ejidatarios o peque帽os propietarios, sistemas que conserven lo valioso y bueno de la econom铆a de autoconsumo elevando su productividad, y lo valioso y bueno de la econom铆a de mercado elevando tambi茅n su eficacia y productividad.”

Los art铆culos y editoriales reflejaron toda la gama de opiniones. Algunos se expresaron en favor de las modificaciones, valorando el 谩nimo de reconocer la mayor铆a de edad a los campesinos, al otorgarles mayor libertad y capacidad de decisi贸n; de modernizar el campo, flexibilizando y reconfigurando las posibilidades asociativas; de resolver al incertidumbre jur铆dica en la tenencia de la tierra, y de eliminar el paternalismo estatal y la excesiva burocracia. Tambi茅n manifestaron inquietudes que se centraron en la falta de claridad sobre la participaci贸n de las sociedades mercantiles, los mecanismos de transferencia de parcelas dentro del n煤cleo ejidal y las modalidades que adoptar铆a la inversi贸n privada y extranjera.

Luis T茅llez, subsecretario de Agricultura y Recursos Hidr谩ulicos, destac贸 las ventajas de la reforma: “. ofrece a los hombres del campo nuevas posibilidades de producci贸n y libertad, para que ellos sean quienes representen el papel protag贸nico en la toma de sus propias decisiones”, Arturo Warman, director del Instituto Nacional Indigenista, afirm贸 que “lo que la propuesta atiende es un problema de la democracia. Ni protecci贸n contra su voluntad ni decisi贸n individual por encima de la decisi贸n del grupo; respeto a nuestros conciudadanos y confianza en su sabidur铆a. El fin del paternalismo, en pocas l铆neas.”

Muchas opiniones coincidieron en que el fin del paternalismo y, a煤n m谩s, el desmantelamiento de la burocracia del sector agropecuario era una de las ventajas de la reforma. Como escribi贸 Agust铆n Basave Ben铆tez:

“Aceptemos un hecho: todo lo que signifique desburocratizaci贸n beneficiar谩 al campo mexicano. La sobrerregularizaci贸n ha provocado corrupci贸n e improductividad, y en ambos casos el principal perjudicado ha sido el ejidatario. Un campesino maniatado no puede ser un campesino pr贸spero. Reconozcamos su capacidad y dejemos de tratarlo como a un menor de edad. Porque s贸lo as铆 podremos entrar a la modernidad con el campo a cuestas.”

Otros comentaristas cuestionaron la iniciativa, sin rechazarla. Jos茅 Woldenberg se帽al贸 que “la duda se instala de cara a un campo tan profundamente diferenciado como el nuestro. Porque las abismales desigualdades que hoy por hoy ya se reproducen en el agro, pueden multiplicarse, creando un aut茅ntico M茅xico dual ya no entre campo y ciudad, sino en el mismo campo”. Por su parte, Arnaldo C贸rdova apunt贸:

“La iniciativa presidencial para reformar el Art铆culo 27 de la Constituci贸n, desde mi punto de vista, es muy clara, pero muy incompleta. No se advierten dobles fondos en su texto; pero en cada una de las propuestas de reforma saltan a la vista situaciones jur铆dicas que no tienen una definici贸n precisa. Puede entenderse perfectamente la intenci贸n y los objetivos que se persiguen al modificar el status constitucional del ejido, pero no pueden preverse las consecuencias sociales, econ贸micas y pol铆ticas que traer谩 aparejadas. la iniciativa no hace sino muy vagas menciones de las restricciones que en el futuro podr谩n impedir nuevas concentraciones de riqueza.”

Demetrio Sodi de la Tijera tambi茅n dud贸 de la iniciativa, ya que “deja muchas preguntas sin respuesta, que deben precisarse en la ley reglamentaria; de antemano no puede ni descalificarse ni aceptarse que la propuesta es la respuesta que el campo mexicano necesita y que traer谩 la justicia social y la mejor铆a de los niveles de vida de los campesinos y sus familias”.

Guillermo Knochenhauer analiz贸 la iniciativa partiendo de la premisa de que significaba, “llanamente, la liberaci贸n del avance capitalista en el campo mexicano”, pues permit铆a rentar y vender parcelas ejidales, eliminaba la obligaci贸n del Estado de continuar con el reparto agrario y facilitaba la conformaci贸n de nuevas formas de asociaci贸n entre productores e inversionistas. En suma, la iniciativa “modifica la relaci贸n pol铆tica del Estado con los ejidatarios y ampl铆a la movilidad econ贸mica de la peque帽a propiedad, a fin de que sea el mercado el que resuelva la asignaci贸n de recursos para las principales actividades productivas”. Apunt贸, sin embargo, que para la comercializaci贸n del 谩rea parcelada ser铆a indispensable “la regularizaci贸n de sus linderos problema enorme debido a la subdivisi贸n de parcelas habida en los 28 mil ejidos del pa铆s y a las disputas territoriales que existen entre gran n煤mero de ellos.”.

Concluy贸 su an谩lisis afirmando que “el capital y las tecnolog铆as avanzadas s贸lo fluir谩n por las regiones con mejor infraestructura, hacia los productos de mayor rentabilidad y entre los productores con mejores recursos, los que acentuar谩 las diferencias en contra de quienes cultivan alimentos b谩sicos. El programa integral de apoyo al campo deber谩 contemplar la transferencia necesaria de recursos a esos productores, para garantizarles un ingreso apropiado que su actividad no les redituar谩”.

Gustavo Esteva vio las reformas a la legislaci贸n agraria en un espectro m谩s amplio y afirm贸 que la iniciativa “da fin al pacto de la simulaci贸n que prevalec铆a en el campo mexicano”, concluyendo que “reformar a fondo las bases jur铆dicas de la estructura agraria mexicana equivale a reformar el pa铆s”. Rafael Segovia tambi茅n dedujo alcances mayores en la reforma:

“Lo importante, en verdad, est谩 en haber roto con el sacrosanto mito. Un pa铆s de 18 millones de habitantes y el mismo pa铆s con m谩s de 80, no puede vivir con instituciones fijas e inalterables. Valor para proponer la reforma del Art铆culo 27 de la Constituci贸n no ha faltado: uno de los pilares fundamentales del PRI desaparece; el campesino deja de ser un votante cautivo. La mayor铆a de edad trae aparejada la libertad pol铆tica mucho m谩s importante que una reforma electoral m谩s. Los riesgos para el PRI son infinitamente superiores y, si se ha pedido con machacona insistencia la desaparici贸n del Estado-Partido, el primer paso est谩 dado.

Rodolfo F. Pe帽a, por su parte, afirm贸 que la iniciativa significaba “terminar de una vez con las simulaciones y el desorden. y enfilar al pa铆s hacia la privatizaci贸n del campo y su reorganizaci贸n en t茅rminos del TLC. No basta discutir la propiedad social de la tierra; es preciso discutir la clase de pa铆s que queremos”.

En general, la mayor铆a de quienes se opon铆an a las reformas part铆an de la suposici贸n de que la iniciativa pugnaba por la privatizaci贸n del campo, el regreso de los latifundios y la desprotecci贸n y proletarizaci贸n de los productores rurales. Coincid铆an en la necesidad de introducir cambios en el campo, pero discrepaban respecto de las causas de la cr铆tica situaci贸n del agro y de las soluciones propuestas. Jorge Alcocer dijo:

“Cualquier revisi贸n m铆nima de la historia productiva del campo mexicano de-mostrar谩 que la ra铆z del problema ejidal no est谩 en la forma de propiedad, que la 麓soluci贸n麓 a sus carencias productivas no ser谩 producto de su privatizaci贸n. Lo que llev贸 a los ejidatarios a la ruina fue la pol铆tica agr铆cola de sucesivos gobiernos, la insuficiencia del cr茅dito, la carencia de fertilizantes, semilla mejorada y maquinaria, los bajos precios reales de los productos agr铆cola y pecuarios. Aqu铆 y ahora, privatizar el ejido es perpetuar la injusticia, el atraso y la miseria.”

Para otros, la posibilidad de privatizar la parcela ejidal y permitir la asociaci贸n con sociedades mercantiles era equivalente a terminar con el ejido. Para Francisco Ort铆z Mendoza, del Partido Popular Socialista (PPS), la iniciativa, “en su esencia y contradiciendo lo expresado en el informe presidencial, tiende liquidar la reforma agraria y su fruto mejor, la forma de tenencia de la tierra, al abrir de par en par las puertas a la explotaci贸n capitalista de la tierra mediante empresas mercantiles de car谩cter privado con predominio pleno del capital nacional o extranjero, a pretexto de una r谩pida modernizaci贸n agr铆cola”.

Eduardo Montes afirm贸 que hay “muy pocos partidarios de que las cosas sigan igual en el campo; se necesitan. unidades productivas m谩s grandes y con mayor productividad, precios adecuados. acabar con la politiquer铆a oficialista y los cacicazgos. Pero en lugar de eso se pretende dictar sentencia de muerte a una forma de propiedad, el gobierno cometer谩 un grave error de costosas consecuencias sociales”.

Otros comentaristas vieron el peligro del regreso al latifundio. Ricardo Pascoe Pierce afirm贸 que dar “por terminada la etapa del reparto agrario, que se propone en la iniciativa, significa la protecci贸n legal a la gran propiedad territorial. Implica tambi茅n renunciar a las v铆as de reorganizaci贸n, democratizaci贸n y avance productivo, que basadas en la asociaci贸n y el mejoramiento tecnol贸gico hagan posible potenciar el minifundio y transformarlo en una base f茅rtil de nuestra econom铆a”.

Federico Reyes Heroles dio respuesta a algunas cr铆ticas:

“La iniciativa pretende acabar con el ejido. Falso. Si nos atenemos estrictamente al texto de la iniciativa es imposible desprenderlo. Por el contrario, la iniciativa lleva a la Constituci贸n General las tres formas de propiedad.

Las consecuencias lo desaparecer谩n (al ejido) en los hechos. Imposible de afirmar. lo que s铆 va a ocurrir es que la proporci贸n hombre-tierra se va a modificar en beneficio de los que queden a cultivarla. La desaparici贸n del ejido es, simple y sencillamente, inviable pues con menos densidad de poblaci贸n el ejido ser谩 m谩s atractivo.

La iniciativa va a propiciar un 茅xodo masivo. El 茅xodo se est谩 dando desde hace d茅cadas y debemos afrontarlo como un doloroso pero necesario proceso de transformaci贸n social.

El ejido propicia justicia social. Dif铆cil de afirmar en el presente. Fue un gran mecanismo de justicia en tanto que hab铆a nuevas tierras. despu茅s se convirti贸 en la repartici贸n de la miseria.

La iniciativa va a dividir comunidades, va a desmembrarse el tejido social. En primer lugar, uno de los mitos que debemos afrontar es el de la supuesta unidad de las comunidades agrarias. Hay comunidades unidas y desunidas. Las primera son las excepci贸n. hay presi贸n permanente por obtener la expulsi贸n de miembros, hay intrigas por el poder.

Regreso al latifundio. Estamos en el minifundio tanto ejidal como privado. Propiciar la concentraci贸n. debe ser un objetivo para lograr mayor productividad. La ilegalidad debe ser combatida permanentemente porque permanentemente se genera.

Se niegan nuestras tradiciones. Falso. Los campesinos mexicanos a diario se expresan en los hechos. Leamos lo que hacen y por qu茅 lo hacen: arrienda tierras, busca trabajo en las ciudades, ensaya actividades alternativas”.