Una semana despu茅s, el 14 de noviembre de 1991, el Presidente de la Rep煤blica convoc贸 a los representantes de las doce organizaciones que integran el Congreso Agrario Permanente (CAP), de otras agrupaciones y de las propietarios rurales, para darles a conocer un programa de diez puntos tendiente a reactivar integralmente el campo.

En el primer punto se reiter贸 lo se帽alado en la iniciativa de reforma: dar justicia social efectiva y restituir al campesino su libertad para decidir. Para eso es necesario proporcionar mayor certidumbre en la tenencia, propiciar una mayor producci贸n de los ejidatarios, comuneros y peque帽os propietarios, y revertir el creciente minifundio. El segundo punto abord贸 la manera en que la reforma proteger铆a al ejido, desplazando a las burocracias que se inmiscu铆an en todas las decisiones ejidales y devolviendo la capacidad de decisi贸n a los ejidatarios.

El tercer punto resalt贸 la posibilidad de que los campesinos fueran los sujetos y no simples objetos del cambio. A fin de evitar confusiones, se reiter贸 que la titulaci贸n de las parcelas ejidales no significa promover la privatizaci贸n, sino crear las condiciones para que los campesinos decidan el r茅gimen de tenencia que m谩s les conviene.

La reversi贸n del minifundio y evitar el regreso del latifundio fue el tema del cuarto punto. Se explic贸 que la reforma combat铆a al minifundio promoviendo la constituci贸n de asociaciones y la participaci贸n de sociedades mercantiles en la producci贸n agropecuaria. Sin embargo, a fin de evitar la concentraci贸n de la propiedad, las tierras de cada socio no podr铆an exceder los l铆mites de la peque帽a propiedad, los cuales se manten铆an vigentes.

En el quinto punto se plante贸 que las asociaciones promover铆an la capitalizaci贸n, pero que la ley reglamentaria determinar铆a la protecci贸n de los derechos de los trabajadores del campo, presentando opciones p煤blicas transparentes y legalmente definidas. Por ello, se planteaba la necesidad de dar certidumbre a la tenencia de la tierra y, adem谩s, asegurar la participaci贸n del Estado para promover formas de asociaci贸n entre ejidatarios y particulares.

La creaci贸n de los Tribunales Agrarios, tema del sexto punto, ten铆a el prop贸sito de dar una r谩pida soluci贸n jur铆dica a las m煤ltiples peticiones campesinas que estaban pendientes. Sin embargo, no se dejar铆a solos a los campesinos, pues se crear铆a una instituci贸n encargada de procurarles justicia y de representarlos frente a los tribunales. Otra medida que se promover铆a es la sindicalizaci贸n de los jornaleros agr铆colas, para asegurar un trato justo en su relaci贸n laboral.

Los cuatro puntos restantes se refer铆an a diversos compromisos para recuperar y reactivar econ贸mica y productivamente el campo. El s茅ptimo se propuso incrementar en 20% el gasto destinado al sector agr铆cola en 1992 y en 30% el asignado a infraestructura hidroagr铆cola; en el octavo, subsidiar 30% del costo y ampliar la cobertura del seguro al ejidatario.

En el noveno punto se anunci贸 la creaci贸n del Fondo Nacional para las Empresas de Solidaridad, que tendr铆a como prop贸sito crear empresas en el campo, de campesinos y para campesinos, apoyando las actividades agr铆colas, agroindustriales, de extracci贸n y microindustriales.

El 煤ltimo punto se refiri贸 a la cartera vencida del Banrural, la cual se resolver铆a pas谩ndola al Programa de Solidaridad, donde se determinar铆a la forma de finiquito, ya fuera con trabajo o colaboraci贸n. Asimismo, la cartera de los ejidatarios que necesitaran de un plazo largo o de pronto pago con descuento, ser铆a transferida a un fideicomiso fuera de Banrural”.