Las modificaciones propuestas fueron las m谩s radicales y profundas que se hab铆an hecho desde el inicio de la Reforma Agraria, por lo que las movilizaciones, opiniones y debates no se hicieron esperar. A petici贸n de la CNC, El Congreso Agrario Permanente (CAP) convoc贸 a una asamblea extraordinaria, en la que los dirigentes campesinos dieron a conocer sus respectivas posiciones: la Uni贸n General Obrero Campesino Popular (UGOCP) se帽al贸 que el proyecto de reformas requer铆a una discusi贸n democr谩tica; la Uni贸n Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Aut贸nomas (UNORCA) consider贸 que no era posible opinar razonadamente sin conocer los cambios de la ley reglamentaria, aunque asegur贸 que la iniciativa llevaba a la desigualdad porque privilegiada el desarrollo de la propiedad privada sobre la social. Por su parte, la Central Campesina Independiente (CCI) afirm贸 que su organizaci贸n combatir铆a cualquier intento de privatizar el ejido, mientras la Uni贸n General de Obreros y Campesinos de M茅xico (UGOCM) y el movimiento Nacional de los 400 Pueblos (MP-400) demandaron establecer una coordinaci贸n estrecha con las comisiones de Reforma Agraria y Agricultura en las c谩maras de Diputados y de Senadores. La coalici贸n de Organizaciones Democr谩ticas Urbanas y Campesinas (CODUC) sostuvo que la propuesta era desequilibrada, porque cerraba el acceso a la tierra a unos y abr铆a a otros las posibilidades de acaparamiento; la Central Independiente de Obreros Agr铆colas y Campesinas (CIOAC) asegur贸 que otorgarle al ejidatario el derecho de enajenar su parcela entre los miembros del propio n煤cleo implicaba privatizar y legalizar la concentraci贸n de la tierra en manos de caciques, y la UGOCP declar贸 que la iniciativa planteaba una nueva forma de latifundismo, que atentaba contra el r茅gimen social de tenencia de la tierra, lo que conducir铆a a la liquidaci贸n del ejido y la comunidad.

Las declaraciones de las organizaciones continuaron a lo largo de noviembre y diciembre de 1991. Javier Gil, de la UNORCA, demand贸 que se incluyeran en el Art铆culo 27 otros puntos fundamentales, como los l铆mites para las asociaciones, mientras Alfonso Garz贸n Santib谩帽ez, de la CCI, consider贸 necesario garantizar la permanencia del ejido.

Como resultado de muchas reuniones de trabajo y discusi贸n, a finales de noviembre la iniciativa ten铆a el apoyo de diez de las doce organizaciones del CAP. Las 煤nicas que manten铆an su oposici贸n fueron la CIOAC y la CONDUC. La primera fue la m谩s activa en su oposici贸n. El 21 de noviembre, junto con otras seis organizaciones regionales y un numeroso contingente de 1,500 campesinos realiz贸 un plant贸n frente a la C谩mara de Diputados, para manifestar su rechazo a las reformas, demandar un mayor presupuesto para el agro y reiterar que el debate sobre el Art铆culo 27 constitucional se realizara en cada ejido y comunidad. El 25 de noviembre, el Secretario General de la CIOAC se reuni贸 con el Primer Mandatario. El dirigente manifest贸 la oposici贸n de su central a la iniciativa, argument贸 que no se hab铆a terminado con el reparto agrario y expuso su inquietud respecto a la titulaci贸n de la parcela ejidal, pues asegur贸 que llevar铆a a la privatizaci贸n del ejido.

El 30 de noviembre se constituy贸 el Movimiento de Resistencia y Lucha Campesina, en el que participaron once organizaciones agrarias que suscribieron el llamado Plan de Anenecuilco, en el que expresaron su oposici贸n a cualquier reforma al Art铆culo 27. Asimismo, anunciaron una gran marcha nacional que partir铆a de todas las regiones del pa铆s para llegar a la capital el 10 de diciembre, el cierre de carreteras y la realizaci贸n de plantones ante los congresos locales. Sin embargo, las organizaciones campesinas no rechazaron el debate y di谩logo. El 27 de noviembre el CAP present贸 un documento ante las comisiones de Gobernaci贸n y Puntos Constitucionales y de la Reforma Agraria de la C谩mara de Diputados, encargadas de analizar la iniciativa, en el que propusieron algunas adecuaciones. En una sesi贸n que dur贸 m谩s de diez horas, el coordinador del CAP ley贸 el texto que incluy贸 la propuesta de “pactar con el gobierno las formas o mecanismos necesarios para que en el campo se d茅 un combate frontal a la pobreza, a la marginaci贸n y a la miseria extremas”; el acuerdo de defender ampliamente al ejido y a la comunidad; el reconocimiento de que es posible dar por terminado el reparto agrario siempre y cuando ello no signifique amnist铆a hacia los neolatifundistas, y la demanda de que se establezca la obligaci贸n de que la peque帽a propiedad sea productiva y que sus l铆mites se reduzcan significativamente.

Posteriormente, cada una de las doce organizaciones del CAP expuso su punto de vista. La CIOAC y la CONDUC mantuvieron su oposici贸n a la reforma, mientras la CNC enumer贸 una serie de precisiones que consider贸 necesario incorporar en la ley reglamentaria:

• Prohibir los latifundios.

• Limitar las extensi贸n de la tierra de que puede ser propietaria una sociedad mercantil.

• Reducir a un a帽o el plazo para fraccionar y enajenar los excedentes de tierra.

• Establecer que en igualdad de circunstancias los solicitantes de tierras tendr谩n preferencia si un peque帽o propietario no cumple con la enajenaci贸n de excedentes de tierra.

• Establecer que los tribunales agrarios sean organismos aut贸nomos y que sus magistrados sean nombrados por el Poder Ejecutivo y ratificados por el Senado.

• Establecer que la transferencia del dominio de la parcela los ejidatarios reconocidos tengan derecho del tanto.

• Tomar medidas que cuando se mejore el suelo ganadero debido a obras de riego, 茅ste sirva al desarrollo y el aprovechamiento intensivo de la ganader铆a.

• Conservar las caracter铆sticas de inalienable, inembargable e imprescriptible de la propiedad comunal y ejidal.

El 1潞 de diciembre de 1991, los representantes de m谩s de 200 organizaciones campesinas y uniones de ejidos, rectores de universidades y de instituciones de educaci贸n superior, exsecretarios de la Reforma Agraria y otras personalidades firmaron en Los Pinos un Manifiesto Campesino. Se coincidi贸 en la necesidad de promover cambios en el campo, de distinguir las diferentes 谩reas del ejido y la comunidad y de elevar ambas formas de propiedad al rango constitucional; tambi茅n en superar el rezago agrario y en establecer la libertad de asociaci贸n. Se propusieron algunos puntos adicionales, como consagrar la ilegalidad del latifundio; reducir al menor tiempo posible el plazo para el fraccionamiento de excedentes de tierras y otorgar preferencia a los n煤cleos agrarios para adquirirlos; establecer l铆mites a las sociedades por acciones; tomar medidas para que el cambio de uso del suelo ganadero sirva para la ampliaci贸n de la frontera agr铆cola; establecer con claridad la personalidad jur铆dica de los ejidos y las comunidades, y reconocer a la asamblea como m谩xima autoridad de los n煤cleos.

Las Organizaciones que suscribieron el Plan de Anenecuilco reiteraron el 7 de diciembre su decisi贸n de llevar adelante el programa de movilizaciones. La marcha nacional que organiz贸 con campesinos provenientes de Chihuahua, Zacatecas, Durango, Nayarit, Sinaloa, Hidalgo, estado de M茅xico, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, arrib贸 a la plaza de la Constituci贸n de la ciudad de M茅xico el 11 de diciembre, estrangulando las principales arterias: Calzada Ignacio Zaragoza, Calzada de Tlalpan, Avenida Cuauht茅moc y Ni帽os H茅roes el contingente de campesinos se traslad贸 despu茅s a la C谩mara de Diputados, donde instalaron un plant贸n que levantaron al d铆a siguiente, para marchar hacia el Senado. En este 煤ltimo lugar, que bloquearon durante siete horas el d铆a 12 de diciembre, los campesinos y sus representantes sostuvieron un encuentro con los senadores Miguel Alem谩n, Porfirio Mu帽oz Ledo y H茅ctor Hugo Olivares, que en momentos se convirti贸 en una franca confrontaci贸n; el bloqueo se levant贸 poco despu茅s de las 16:00 horas, cuando el contingente decidi贸 marchar de nuevo al Z贸calo”.