Dentro de las atribuciones de la Dirección General Técnica Operativa se encuentran entre otras:

I. Ordenar la ejecución de Resoluciones Presidenciales, en los términos de la normativa aplicable en materia de Restitución, Dotación, Ampliación, Creación de Nuevos Centros de Población, Incorporación de Tierras al Régimen Ejidal, División, Fusión y Segregación de Ejido, así como de Reconocimiento y/o Confirmación y Titulación de Bienes Comunales y Permuta de Bienes Ejidales;

II. Emitir acuerdos de inejecutabilidad ante la imposibilidad legal y/o material de ejecutar las Resoluciones Presidenciales;

III. Dar pronto y cabal cumplimiento a las ejecutorias del Poder Judicial de la Federación y/o sentencias de los Tribunales Agrarios vinculadas con la materia de su competencia, emitiendo para ello los acuerdos de trámite y órdenes que sean necesarias;

IV. Ordenar, coordinar y supervisar la realización de trabajos técnicos e informativos, para la debida integración de los expedientes de ejecución;

V. Elaborar y autorizar los planos proyecto de localización y definitivos de las distintas acciones agrarias, previa revisión técnica-legal de los expedientes de ejecución de Resoluciones Presidenciales, así como la reposición de los mismos, cuando lo ordene la autoridad competente;

VI. Procurar la definitividad administrativa de las diversas acciones agrarias, remitiendo al Registro Agrario Nacional los expedientes de ejecución de Resoluciones Presidenciales concluidos con plano definitivo y/o acuerdo de inejecutabilidad, para su registro, guarda y custodia;

VII. Verificar que las sociedades mercantiles y civiles, propietarias de tierras agrícolas, ganaderas y forestales, estén dentro de los límites de extensión de tierra permitidos por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

VIII. Establecer el procedimiento de enajenación de excedentes de tierras de las sociedades mercantiles y civiles referidas en la fracción anterior, de acuerdo con la Ley;

IX. Notificar a la autoridad competente para que ésta aplique el procedimiento previsto en los artículos 124 y 132 de la Ley Agraria, en el supuesto de la existencia de excedencias;

X. Investigar de oficio o a petición de parte, el acaparamiento de tierras ejidales o comunales y, en su caso, instaurar el procedimiento previsto en la Ley, y

XI. Ordenar la realización de trabajos y diligencias que sean necesarias para cumplir los acuerdos que emitan los Tribunales Agrarios.